Más protección para tus datos: Congreso CDMX aprueba nuevas reglas de transparencia
Ciudad de México, 1 de junio de 2026. El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un paquete de reformas legislativas orientadas a fortalecer los derechos de acceso a la información pública...
Ciudad de México, 1 de junio de 2026. El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un paquete de reformas legislativas orientadas a fortalecer los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en un proceso de armonización normativa que busca adaptar el marco jurídico local a los recientes cambios constitucionales y legales en la materia.
Durante la Sesión Ordinaria celebrada este domingo, las y los legisladores avalaron cuatro dictámenes relacionados con transparencia, rendición de cuentas y protección de datos. Tres de estas iniciativas fueron impulsadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y forman parte de una estrategia para adecuar las instituciones capitalinas al nuevo modelo nacional de garantías en materia de acceso a la información.
Entre las reformas aprobadas destaca la expedición de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, instrumento que, según los promotores de la iniciativa, permitirá establecer reglas actualizadas para el tratamiento, resguardo y uso de la información personal que recopilan las instituciones públicas.
Al presentar el dictamen, el diputado Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, presidente de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, sostuvo que la propuesta responde a la necesidad de contar con una legislación moderna y alineada al nuevo diseño constitucional. El legislador enfatizó que la confianza ciudadana en las instituciones depende, en gran medida, de la capacidad gubernamental para proteger la información personal que recibe a través de trámites, programas sociales, servicios de salud y registros administrativos.
La reforma también contempla la expedición de la Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información de la Ciudad de México, cuyo objetivo es establecer mecanismos, procedimientos y principios que garanticen el ejercicio efectivo del derecho a la información pública. De acuerdo con el Congreso local, el nuevo ordenamiento reconoce a la autoridad garante correspondiente, armoniza procedimientos administrativos y fortalece las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
Sin embargo, más allá del consenso legislativo alcanzado, el reto principal será la implementación efectiva de estas disposiciones. Especialistas en transparencia han señalado en distintos momentos que las reformas legales solo generan resultados cuando van acompañadas de capacidades institucionales, recursos suficientes y mecanismos de supervisión que permitan verificar su cumplimiento en la práctica.
Otro de los dictámenes aprobados modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local, así como diversos ordenamientos relacionados con transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y simplificación orgánica institucional. Esta adecuación busca eliminar vacíos legales derivados de las recientes reformas constitucionales y redefinir competencias entre autoridades.
Al fundamentar este paquete de cambios, el diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez afirmó que la armonización normativa representa una herramienta fundamental para fortalecer las instituciones públicas y garantizar que la ciudadanía tenga acceso oportuno a información sobre la toma de decisiones y el ejercicio de los recursos públicos.
Finalmente, el Pleno también aprobó modificaciones a 21 leyes locales vinculadas con transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Con ello, el Congreso capitalino busca consolidar un marco jurídico uniforme y acorde con las reformas federales recientes. No obstante, la efectividad de este nuevo entramado legal dependerá de su aplicación cotidiana y de la capacidad de las autoridades para traducir los cambios normativos en una mayor apertura gubernamental y una protección real de los datos personales de la ciudadanía.