El Gobierno de Guanajuato, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, asignó de forma directa a Grupo Turbofin un contrato multianual por 719 millones 982 mil pesos para el arrendamiento de 162 patrullas, de las cuales 30 cuentan con blindaje. La administración estatal recurrió a una disposición de la Ley de Contrataciones Públicas que permite omitir la licitación cuando la divulgación de especificaciones pueda “comprometer la seguridad pública”.
Aunque el acuerdo se firmó el 14 de julio, la gobernadora lo dio a conocer hasta el 8 de diciembre, durante un evento en Irapuato en compañía del secretario de Seguridad y Paz, Juan Manuel González Martínez, como parte de la estrategia CONFIÁ y del plan Carreteras Seguras.
De acuerdo con la cláusula vigésima tercera, el arrendamiento estará vigente hasta el 7 de abril de 2030. Con el monto total contratado, cada patrulla costará al estado, en promedio, 4.4 millones de pesos al finalizar el periodo.
Turbofin, propiedad de Aby Lijtszain y Bernardo Lijtszain Bimstein, es una de las arrendadoras de vehículos más favorecidas por gobiernos estatales y municipales en los últimos años, con contratos superiores a 2 mil millones de pesos en entidades como Ensenada, Tijuana, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Durango, Yucatán y en la Alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México.
También ha sido señalada por presuntas irregularidades: en marzo pasado fue cuestionada en Hidalgo por la adjudicación de un contrato de más de 27 millones de pesos para la renta de vehículos en Mineral de la Reforma.
Además, otro contrato cuestionado es el asignado por el gobierno de Quintana Roo, que lleva Mara Lezama Espinosa, quien habría entregado a Grupo Turbofin un contrato de 1,200 millones de pesos para el suministro de 334 vehículos policiales y un helicóptero a la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal de Playa del Carmen, de Estefanía Mercado, señalaron fuentes internas.
Aunque los Lijtszain controlan también al conglomerado de transporte Traxión, empresa listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2017, Turbofin opera fuera del escrutinio bursátil, sin reportar estados financieros ni prácticas corporativas, pese a manejar contratos públicos relevantes. En 2025, además, recibió cinco asignaciones federales por alrededor de 74 millones de pesos, según datos de Compras MX.
El nexo con Jack Landsmanas
A la expansión de Turbofin se suma un elemento de alto interés público: sus vínculos con el empresario Jack Landsmanas, propietario del Corporativo Kosmos, uno de los proveedores gubernamentales más cuestionados. De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, Landsmanas es considerado un promotor clave de Turbofin frente a gobiernos estatales y municipales. El nexo adquiere mayor relevancia luego de que, según la columna de Carlos Loret de Mola del 9 de diciembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos estaría investigando a Landsmanas.
La decisión del Gobierno de Guanajuato de asignar directamente un contrato de casi 720 millones de pesos a una empresa con este perfil, sin competencia, podría ser revisada por la Fiscalía General de la República y la Secretaría Anticorrupción, señalaron fuentes. El caso ha llamado la atención tanto por el uso de una excepción legal, como por la necesidad de revisar a fondo la relación operativa y financiera entre Turbofin y Traxión, cuya cercanía con el empresario Jack Landsmanas añade un elemento adicional de interés público.
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